El artículo 20 de la ley 820 de 2003 los cánones de arrendamiento de vivienda urbana se podrán incrementar en el 2021 hasta en un 1,61%, conforme a la inflación causada en el 2020. Si el incremento acordado por las partes en el contrato suscrito fuere inferior a este porcentaje, deberá aplicarse el acordado por éstas.
En materia económica pocas noticias positivas surgieron durante el 2020. Ni el entorno ni las condiciones fueron las mejores. Incluso, casi toda la cadena económica del país, y el departamento del Cesar, se vio obligada a suspender operaciones en algún momento del año.
El Ministerio TIC anunció la puesta en marcha del programa Vende Digital que potenciará a 20.000 pequeños y medianos empresarios en los próximos dos años, ya que acompañará a las mipymes.
En medio de la pandemia y con una crisis económica mundial, Colombia logró aumentar su canasta exportadora en 20 productos este año, entre los que se incluyen.
Durante la actividad, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, destacó que la obra, en la cual se invertirán $ 6.954 millones, beneficiará a 2.460 familias conformadas por 10 mil habitantes, aproximadamente.
Para el mes de julio, el Grupo Prodeco pidió permitir la suspensión de las actividades de las minas Calenturitas y La Jagua.
En su informe, el mandatario dijo que es indiscutible hablar de logros cuando el 80 por ciento del gobierno fue dedicado a las acciones de prevención de la pandemia por el covid-19.
Un total de 127 proyectos de empresas y organizaciones del sector productivo, ubicadas en 28 de los 32 departamentos del país, recibirán recursos por $ 23.970 millones para mejorar sus procesos, productos y servicios.
La principal diferencia entre la estructura económica del país y la cesarense consiste en el poco valor agregado que tienen los procesos productivos de nuestro departamento. En el Cesar, el sector minero (41%), el agropecuario (9 %) y el gobierno (maestros, jueces, etc., 15 %), suman el 65 % de la economía local, mientras el sector manufacturero representa un raquítico 3 %.
El plazo máximo con el que cuentan los empleadores para pagar la totalidad de esta prestación social se vence el 20 de diciembre.
