La falta de líneas de transmisión, el almacenamiento y la demora en el análisis de las solicitudes de instalación son algunos de los desafíos que deben ser superados para que la isla siga con el plan de expansión de energías renovables.
Desde hace casi dos décadas, República Dominicana dispone de una ley de incentivos a las energías renovables que empezó a dar luces unos 10 años después de su promulgación. El país tiene como meta alcanzar el 25% de la generación energética en base a fuentes limpias para 2025, la cual promedia el 15%, a pesar de haber un 19% en capacidad instalada.
Hacia el 2011, República Dominicana contaba con 33.5 MW en producción eólica, una cifra que aumentó en más de 1000% hasta 2021. Actualmente, esa potencia está en 417.1 MW, según datos del Organismo Coordinador (OC) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Otras alternativas verdes han ganado popularidad, como la fotovoltaica, que superó a las fuentes provenientes del viento en unos siete años, al pasar de 30.0 MW en 2016 a 675.1 MW en 2024. Así también está la biomasa, a pesar de solo haber unos 30 MW en capacidad instalada desde 2017.
“El crecimiento experimentado en la producción de energías renovables fue más marcado en los parques de gran escala interconectados al Sistema Eléctrico Nacional”, afirmó Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).
Sin embargo, entiende que el país necesita establecer políticas públicas y regulaciones que definan la participación de los sistemas de almacenamiento de energía e incrementen la red de transmisión. Además, es necesario ampliar los niveles de reserva en el sistema eléctrico.
Es así como el auge e interés en las energías renovables, a medida que aumenta, plantean nuevos retos tanto legales como estructurales que obstaculizan su crecimiento. Inicialmente, el objetivo del Gobierno era alcanzar un 30% de la generación a base de fuente limpias para 2030, no obstante, para el director de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras, dicha meta debe replantearse para tener una mayor probabilidad de integración de las energías renovables.
Desafíos legales
Para la compresión del sistema energético de República Dominicana, habría que analizar el organigrama del sector eléctrico. A la cabeza se encuentra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), no obstante, intervienen otros órganos estatales como la Comisión Nacional de Energía (CNE, encargada de trazar las políticas energéticas, y la Superintendencia de Electricidad (SIE) como reguladora del subsector eléctrico.
Otros entes que figuran son el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI), entidad autónoma encargada de planificar la operación del sistema eléctrico y calcular las transacciones comerciales, y el Centro Control de Energía que opera en tiempo real el SENI.
Ante la variedad de entes que intervienen en el sector eléctrico, José Maldonado Stark, abogado y experto en derecho energético, cita la duplicidad de funciones como una traba en el desarrollo de las energías renovables. «En los procesos de otorgamiento de la concesión para las energías renovables, tú tienes que solicitar la concesión provisional y luego la definitiva a la Comisión Nacional de Energía, pero luego debes buscar un informe favorable de la Superintendencia de Electricidad. Eso duplica el tiempo”.
Para Maldonado, el proceso debería simplificarse. «Si la Comisión Nacional de Energía hace el proceso de valoración, de credenciales del solicitante, de capacidad financiera y técnica, no debería volver a la Superintendencia de Electricidad a revisar esos mismos aspectos”. Además, se suma un nuevo proceso en el cual se solicita al Gobierno que le otorgue un poder a la CNE para que firme la concesión.
Aun así, destaca las medidas tomadas durante la última gestión gubernamental, gracias a las cuales ha aumentado la generación y proyectos en energías renovables. Desde el Gobierno afirman que después de la emisión de las políticas públicas para empujar las fuentes limpias, la aceptación por parte de las empresas privadas o la sociedad en general fue mejor de la esperada.
Pero, tal como indica Maldonado, “en los últimos dos años, hemos visto un aumento significativo en la demanda energética en República Dominicana, con incrementos que oscilan entre el 10% y el 14%. Históricamente, el crecimiento promedio se situaba entre el 3% y el 5%”. Dados los más recientes reportes del Ministerio de Energía y Minas, que indican un aumento del 12%, se subraya la necesidad de una mayor capacidad de generación energética.
Cabral añade que es necesario contar en el país con una planificación integral del sistema de las políticas públicas enfocadas a continuar desarrollando el sector de acuerdo con el crecimiento de la demanda
Para lograr esa expansión, se vuelve crucial contar con procesos de permisología más flexibles. Actualmente, obtener una concesión es un proceso prolongado, sostiene Maldonado, lo que obstaculiza la entrada eficiente al mercado de nuevos generadores de energía.
“A pesar de los esfuerzos por aumentar la producción y disponibilidad de energía, seguimos enfrentando déficits de generación que afectan nuestro suministro energético», lamenta.
Ordenamiento
Hoy, debido los nuevos retos presentados a nivel de generación, inversión y demanda, desde la CNE preparan una segunda edición del plan energético nacional, que plantea escenarios más específicos. Este plan desarrolla la forma en la cual se harán las inversiones públicas en infraestructura, que permitirán los proyectos en los destinos con mejor radiación solar o vientos.
Para la primera entrega, no se contaba con una ley de ordenamiento territorial, la cual se considera un factor en la integración de energías renovables. Esta llega con otros reglamentos como el decreto 65-23 que establece la aplicación de la ley número 57-07.
Esta modificación detalla la exclusión de las zonas que son propensas para la agricultura, y donde también hay baja irradiación solar. “Estamos haciendo mapeo en función de los costos de instalación diciendo dónde es más óptimo, como por ejemplo, para la energía eólica”, afirmó Veras.
No obstante, para Rafael Velazco, experto con más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico y exsuperintendente de electricidad, la ley de incentivos necesita ser revisada en su totalidad. Aunque se está evaluando con resoluciones para actualizar sus aportes, entiende que hay que examinarla legalmente porque data de hace 16 años.
“Cuando se hizo la ley, las energías renovables no eran un tema masivo en el sector eléctrico, ni los vehículos eléctricos. No existía el almacenamiento de energía a escala masiva, los paneles solares eran muy costosos. Hoy día hay un boom de las renovables con los paneles porque los paneles han bajado de precio”, sostuvo. Desde 2017 se han importado 4,466,164 paneles solares solo desde China, el mayor exportador, de acuerdo con la plataforma Ember Climate. La inversión, por esa cantidad, asciende a US$492 millones.
De manera aún más específica, a nivel legal, Velazco señaló la necesidad de revisar los incentivos en algunos puntos, así como agregar nuevos, como por ejemplo en la comercialización del kilovatio-hora de la energía proveniente de almacenamiento.
Para Cabral, los principales retos que enfrentan las energías renovables para el aumento de su generación y participación en el SENI, se orientan al establecimiento de regulaciones que fortalezcan la planificación, el uso de baterías para el almacenamiento de las energías renovables y la reserva fría de centrales existentes o nuevas que operen con esta condición para cambios estacionales en la demanda.
Además, cita incrementar la red de transmisión del país para poder integrar regiones que tienen alto potencial de proyectos de energías renovables no convencionales. “El país necesita establecer políticas públicas y regulaciones que definan la participación de los sistemas de almacenamiento de energía e incrementen la red de transmisión de energía. Además, es necesario ampliar los niveles de reserva en el sistema eléctrico”, agrega Cabral.
Este último punto es uno de los que se están trabajando. Veras explica que hacia 2025 será obligatorio y necesario tener almacenamiento. “Va a ser fundamental y la respuesta que hemos recibido del sector privado ahora mismo, contrario a lo que algunos imaginaban, fue un tremendo espaldarazo”. A un año de la emisión de la resolución que establece condiciones y requerimientos para el almacenamiento con baterías para proyectos de generación de energía de fuentes renovables variables, la CNE tiene una concesión aprobada.
“Estamos evaluando unas dos concesiones más con almacenamiento que pueden salir con concesión definitiva. Hay otros proyectos que están en manos de la Superintendencia de Electricidad y pueden tener concesión definitiva”, añadió Veras. Entre febrero y marzo se espera que haya otros 15 proyectos de almacenamiento que se están analizando en posesión provisional desde la CNE, y que también pueden tener concesión definitiva este año.
Estas actualizaciones legales y estructurales plantean lograr un aumento en la generación de energía renovable con baterías. Es así como la actualización del marco regulatorio se posiciona como el principal reto legal de las fuentes limpias.
Infraestructura
Los desafíos legales se suman a los estructurales. Velazco enfatiza que se necesitan más líneas de transmisión y mayor capacidad, y menciona los problemas por falta de energía base, “porque la que hay está copada”, añade. “Cuando hay una elevada generación de renovables y poca energía de base, afecta la frecuencia”.
La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) tiene un plan de expansión de los sistemas de las líneas. No obstante, para trazar dichas infraestructuras de una provincia a otra, o de un pueblo a otro, por lo regular, debe cruzar por encima de terrenos o propiedades privadas, para las cuales se debe pedir permisos y autorizaciones en cada una.
“Cuando tú planteas un proyecto renovable, un proyecto solar, un proyecto de biogás, tú pactas con el dueño de un terreno, o con los dueños de los terrenos. Cuando tú vas a trazar una línea, por ejemplo, de Santo Domingo a Azua, tienes que tratar con los propietarios de 200 o de 300 terrenos y muchas veces el tema legal de esos derechos retrasa el proceso y en algunos casos hay que buscar declaración de utilidad pública del Presidente”, explica Veras.
Este proceso, en ocasiones, conlleva más tiempo que la inversión y los aspectos técnicos. “Por eso, en algunos casos puede estar la percepción de que los proyectos de transmisión son un poco más lentos que los proyectos de energías renovables”, añadió.
La problemática es destacada por Maldonado, quien insta que haya una red de transmisión de energía moderna, eficiente y con capacidad para recibir toda la generación de cualquier naturaleza. “Necesitamos invertir en la red de transmisión urgente”, sostiene. Aunque entiende que el monto monetario necesitado implica más de 1,000 millones de pesos dominicanos, eso no es lo importante, sino el tiempo que le tomará a la ETED, o a los entes privados, si el órgano estatal decide a colaborar con privados, para que desarrollen esa línea de transmisión.
Burocracia
Además, se suma la naturaleza de la empresa como entidad pública. La particularidad radica en que la ETED estructura sus proyectos bajo un esquema financiero que difiere significativamente del sector privado.
La obtención de financiamiento para la ejecución de proyectos implica un proceso más complejo para la empresa pública. A diferencia de las entidades privadas, que pueden acceder rápidamente a financiamientos, la ETEC debe someterse al proceso legislativo y obtener la aprobación del Congreso para adquirir recursos destinados al desarrollo de proyectos.
Este contraste se manifiesta de manera palpable en las comparaciones cotidianas entre el sector público y privado. Mientras un individuo privado puede adquirir productos con rapidez, la ETEC, como entidad pública, se enfrenta a un proceso burocrático más extenso y regulado, que incluye la participación en licitaciones, así como el cumplimiento de requisitos establecidos por la ley 340. Esta regulación, aunque es crucial para la transparencia y la integridad, también representa un desafío por su complejidad.
Veras destaca la necesidad de evitar que las inversiones en infraestructura queden a la deriva económica, señalando la importancia de sincronizar proyectos, como la construcción de paneles solares y carreteras, para garantizar una implementación eficiente. En este contexto, resalta la relevancia del plan energético nacional como un marco rector que anticipa y coordina las inversiones del sector privado en el mediano plazo.
La aprobación de más de 45 concesiones recientes se presenta como un testimonio de la apertura a nuevas oportunidades y conectividad a la red, destacando que los proyectos de energías renovables actualmente no enfrentan restricciones de acceso.
Sin embargo, el reto radica en mantener una alineación constante entre el plan energético nacional y la expansión de las redes, asegurando que la continuidad y el ritmo marchen de la mano para optimizar el desarrollo infraestructural sin congelar inversiones ni precipitarse en exceso. Este desafío, de acuerdo con Veras, trasciende las administraciones públicas, planteando un llamado a la comprensión y compromiso continuo con la planificación estratégica.
Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
