El Gobierno del presidente Gustavo Petro inició el salto en el modelo de contratación pública para dar fuerza a las organizaciones populares. Convencido de que los dineros del Estado han profundizado la desigualdad en Colombia al concentrarse en empresas con músculo económico, el mandatario ha abierto el camino a la contratación directa con agrupaciones comunitarias para la ejecución de obras o compra de bienes hasta por 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, unos 7.800 millones de pesos (cerca de dos millones de dólares). Ya van 1.035 convenios firmados para adecuar vías veredales, en la cuota inicial de una puesta más grande.
Las intervenciones no se limitan a esas carreteras, las más pequeñas y locales. Van desde la construcción de vivienda rural o de proyectos de acceso a energía o internet, hasta el suministro de comida para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en escuelas o colegios públicos, entre otras inversiones que resuelvan algunas de las muchas necesidades existentes en los territorios.
“El mismo dinero público concentra la economía nacional beneficiando a muy pocos, cuando el Estado puede ser un democratizador si contrata con los pequeños”, sentenció el jefe de Estado en un encuentro con tenderos en Valledupar (Cesar), en abril. Ocho meses después, y tras la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en mayo, su apuesta ha cogido impulso. “Es uno de los corazones del cambio”, enfatiza David Racero, representante a la Cámara del gobiernista del Pacto Histórico.
El PND incluyó las asociaciones público populares como mecanismo para que las entidades públicas contraten a juntas de acción comunal, comunidades étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mujeres y víctimas, por medio de selección abreviada, una modalidad que contempla la ley para procesos de menor cuantía.
Esta figura ya se traduce en alianzas como las que ha pactado el Instituto Nacional de Vías (Invías) con organizaciones comunitarias para el mejoramiento de rutas terciarias o rurales en 700 de los más de 1.100 municipios del país, y en 30 de los 32 departamentos.
Luis Fernando Sepúlveda, gerente del programa Caminos Comunitarios de esa entidad, resalta los 1.035 convenios solidarios firmados este año. “Es la primera vez que se hacen convenios con organizaciones de acción comunal para infraestructura. Son comunidades que conocen la solución que necesitan para poder sacar sus cultivos y mejorar el transporte”, precisa el funcionario.
