Del total de hectáreas compradas, las comunidades indígenas recibieron 3.236, los campesinos 169 y los reincorporados 127
En la tarde de ayer, desde Córdoba, el Gobierno entregó 29 predios que corresponden al primer paquete de tierras que fue comprado por la actual administración y que corresponden a 3.532 hectáreas distribuidas en 12 departamentos.
Esta compra fue hecha por un valor de $22.000 millones, según anunció la semana pasada Gerardo Vega Medina, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Si se hace el cálculo, en promedio se compró cada hectárea por $6,1 millones, una cifra no muy alta si se tiene en cuenta que el Gobierno tiene como prioridad la compra de tierra productiva, para desarrollar proyectos junto a la Agencia de Desarrollo Rural.
Las tierras se distribuyeron a diferentes comunidades campesinas, personas en proceso de reincorporación y comunidades indígenas.
Para las comunidades campesinas correspondieron 169 hectáreas en Montería (Córdoba) y San Jacinto (Bolívar). De ese grupo poblacional, 93% son mujeres.
Las personas en proceso de reincorporación recibieron 127 hectáreas ubicadas en tres Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr), en Tumaco (Nariño), San Vicente del Caguán (Caquetá) e Icononzo (Tolima).
Las comunidades indígenas recibirán cerca de 3.236 hectáreas distribuidas en municipios como Sabanas de San Ángel y Santa Marta (Magdalena), Agustín Codazzi (Cesar), Dagua (Valle del Cauca), Toledo y Chitagá (Norte de Santander), Hato Corozal (Casanare), Puracé (Cauca), Balboa (Risaralda), Pijao (Quindío) y Pasto (Nariño).
Esta adjudicación incluyó el predio Costa Azul, que fue propiedad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y que tiene 114 hectáreas. Su ubicación es en la vereda Las Lomas, a 12 kilómetros de Montería. Dicho terreno no estaba en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), sino de la Unidad de Víctimas.
La compra de esos 50 predios fue concluida por la actual administración de la ANT, pero que correspondían a compromisos anteriores de la entidad, es decir, del Gobierno predecesor.
Desde diciembre, la actual administración de la ANT ya había comprado y entregado el primer predio en la vereda San Miguel, en Puerto Gaitán (Meta). Esas tierras están en la finca Lucitania, que tiene en total 448 hectáreas sembradas con palma de aceite y está localizada en la vía que conduce al departamento del Vichada.
Esa propiedad fue parte de los bienes que las extintas Autodefensas Campesinas entregaron a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv).
La compra benefició a 60 familias campesinas que no poseían tierras y se entregaron inicialmente en comodato provisional (también conocido como préstamo de uso), mientras la entidad termina de parcelar el predio y entregar títulos de manera individual. Esos campesinos estaban inscritos en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso) de la ANT y se convirtieron en el primer caso de la asignación de derechos sobre un predio del Fondo de Tierras que administra la entidad.
Las cifras de la ANT también muestran que, desde que se anunció el inicio de la reforma agraria en septiembre del año pasado, se han formalizado 1,4 millones de hectáreas, de las cuales más de un millón corresponde a predios rurales y 396.000 a zonas de reserva campesina, es decir, una forma de ordenamiento territorial creadas por ley en 1994 para fomentar la economía campesina y prevenir la concentración de tierra.
