La Agencia Nacional de Minería aceptó la renuncia de Prodeco a los títulos mineros en el Cesar en el año 2021, a pesar de que el contrato señalaba que su operación iba hasta el 2035.
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional decidirá si revisa o no la tutela por medio de la cual 14 organizaciones y dos sindicatos del corredor minero del departamento del Cesar están solicitando una participación efectiva en el cierre de las minas Calenturitas y La Jagua, títulos que fueron entregados de forma anticipada por Prodeco, de la multinacional Glencore.
El 5 de agosto de 2022, las organizaciones presentaron una acción de tutela en contra del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, con el fin de que fueran amparados sus derechos fundamentales a la consulta previa, la participación ciudadana, el acceso a la información, al territorio, y a la diversidad étnica y cultural, de las comunidades indígenas, afrodescendientes, sindicatos y campesinas del corredor minero del Cesar y Magdalena.
FALLOS
La acción constitucional fue conocida en primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar, el cual, mediante fallo del 4 de noviembre de 2022, ordenó al Grupo Empresarial Prodeco y a la ANLA convocar una mesa de diálogo en la que se presentaría y discutiría el contenido de la actualización del “plan de cierre” para determinar las obligaciones pendientes a cargo de las compañías.
Esta decisión fue modificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar, quienes ordenaron al Grupo Prodeco realizar mesas de diálogo. Según los accionantes, la empresa Prodeco solo convocó una reunión en diciembre de 2022, en la cual solo se realizó una socialización, más no hubo concertación.
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Los sindicatos y las organizaciones iniciaron un incidente de desacato ante el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar; sin embargo, el despacho judicial se abstuvo.
Por eso, a través de la tutela, solicitaron a la Corte Constitucional que se dejen sin efectos jurídicos las decisiones y que, por lo tanto, el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar decida nuevamente de fondo sobre la decisión de desacato judicial.
“La Corte Constitucional tiene en sus manos una decisión histórica. El 26 de junio podrá decidir si asume la tutela presentada por 20.000 personas del Cesar, quienes reclaman ser tenidos en cuenta en el cierre minero de la multinacional Glencore-Prodeco”, señalaron.
Y agregaron: “Su decisión marcaría un precedente para los demás cierres mineros en el país y la garantía de los derechos humanos, así como un espaldarazo a la soberanía colombiana”.
HISTORIA
La Agencia Nacional de Minería aceptó la renuncia de Prodeco a los títulos mineros en el Cesar en el año 2021, a pesar de que el contrato señalaba que su operación iba hasta el 2035.
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Prodeco era propietario de la totalidad de los títulos mineros de las minas Calenturitas y La Jagua, de la operación ferroviaria de transporte de carbón y del puerto de exportación de carbón Puerto Nuevo. En estas operaciones generaba alrededor de 4.577 empleos entre directos e indirectos, de esos 3.655 en el Cesar.
