Además, alcaldes tendrían vía libre para implementar los peajes urbanos, que solo necesitarían el visto bueno del concejo de la ciudad.
Gobierno con su ‘Ley de solidaridad sostenible’ ni los colombianos con esa reforma tributaria. Sobre el papel y antes de que empiece el debate, el Ejecutivo tendrá que esforzarse al máximo para que el Congreso se la apruebe, y si eso ocurre, en el caso particular de los dueños de vehículos de dos, cuatro o más ruedas tendrán que sacar más plata de sus bolsillos para moverlos.
Por ahora, al Gobierno no le cuadran las cuentas pues no tiene mayorías ni en el Senado ni en la Cámara para sacarla adelante. Las críticas contra la reforma son muchas, al punto de que partidos como el Liberal y Cambio Radical se niegan a votarla. Este último, además, pidió retirarla.
Esto, a pesar de que el Ministerio de Hacienda advirtió al Congreso de las graves consecuencias en materia económica y de sostenibilidad fiscal en caso de que no sea aprobada. Y no es solo la inconveniencia que alegan muchos por el mal momento económico que pasan miles de familias, sino por algunas incongruencias que han salido a flote en el texto.
En lo que tiene que ver con los vehículos, uno de los artículos contradictorios tiene que ver con los vehículos eléctricos e híbridos. El año pasado el presidente Iván Duque anunció su muy publicitada Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y Sostenible. En su lanzamiento, e incluso a través de la Ley 1964 de 2019, anunció acciones necesarias e incentivos para “acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica”, y puso como meta la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos a 2030.
Hoy están libres del impuesto al valor agregado (IVA) y del consumo, mientras que los híbridos pagan un 5 por ciento de IVA y el 8 o 16 por ciento del impuesto al consumo. Con la reforma, estos vehículos pagarían IVA del 19 por ciento como el resto de automóviles y se derogaría la medida que permite importarlos con cero arancel.
Con esta decisión, se incrementa el precio de un vehículo ‘verde’ cerca de un 30 por ciento, lo cual alejaría a los compradores y pondría al país más lejos de las ambiciosas metas que planteó el presidente Duque.
La reforma crea el nuevo impuesto nacional de vehículos al que se le agregaría un componente de cuidado medioambiental. También aumenta la sobretasa a los combustibles. Este impuesto se aplicaría a todo tipo de vehículos, con excepción de las bicicletas, maquinaria agrícola y maquinaria pesada. Las tarifas se aplicarían según el avalúo comercial de acuerdo con los siguientes rangos de precios: de $ 0 a $ 49,4 millones, 1,5 por ciento; de $ 49,4 millones a $ 111,3 millones: 2,5 por ciento; de $ 11,3 millones en adelante, 3,5 por ciento. Las motocicletas con motores de menos de 125 cm no pagarían impuesto.
Por primera vez en la historia de la tributación, los vehículos de servicio público, de transporte de carga y pasajeros pagarían este impuesto, con una tasa del 0,5 por ciento. Y los eléctricos e híbridos, el 1 por ciento.
Otro componente que se suma al impuesto es el factor de contaminación, llamado impuesto al carbono a una tasa de 1,5 unidades de valor tributario (UVT), que cambia cada año. Para este el valor de una UVT es de $ 36.308, es decir, que el ‘aporte’ sería de unos 54.000 pesos. Esto se pagaría según los valores oficiales de las tablas que expidan los ministerios de Transporte y Ambiente y sería a partir del 1 de enero de 2022.
