- En Riohacha, Maicao y San Juan del Cesar, se mejoran las capacidades productivas y comerciales de 345 familias campesinas.
- La ADR destinó $8.900 millones para comprar productos de pequeños agricultores, para promover la seguridad alimentaria de 2.680 familias Wayuú.
El Gobierno nacional a través de la Agencia de Desarrollo Rural (entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural) ha invertido más $18.000 mil millones de pesos en el departamento de La Guajira, entre 2023 y lo que va de 2024. Esta gran apuesta hace parte de las líneas de inversión que promueven la inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; y la promoción de la agroindustria sostenible en la Región Caribe.
Desarrollo productivo
En el marco de este financiamiento, se destacan los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) que se están implementando en Riohacha y Maicao, y adicionalmente, uno que entrará en ejecución en San Juan del Cesar (departamento de La Guajira). Estas iniciativas fortalecen la economía popular de 345 campesinas y campesinos, y le dan celeridad al programa de Reforma Rural Integral.
En ese orden de ideas, en Riohacha, con una inversión de $1.053 millones, el proyecto mejorará las capacidades productivas y organizacionales de las familias pecuarias de la Asociación de Fiqueros de Fonseca (Asofifon) mediante la entrega de 1.775 semovientes, sistemas de riego mejorados, insumos agropecuarios y asistencia técnica.
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En Maicao, se entregó un proyecto para la implementación de granjas integrales autosuficientes destinadas a mejorar las condiciones de vida de las familias pertenecientes a la Asociación de Productores Agropecuarios de Atnamana (APROAGRO), y cuya inversión total es de $1.606 millones, de los cuales la ADR aporta $1.053 millones, la Alcaldía de Maicao $200 millones (invertidos en la compra de un tractor) y la organización $353 millones en bienes y servicios.
Con la cofinanciación de la ADR se entregaron insumos de diferente tipo, un remolque multiuso y sembradora grano grueso, entre otros equipos, por un total de $250 millones. Además, accesorios para el mejoramiento del sistema de riego y herramientas por un monto de $339 millones, así como 640 ovejas hembras y 20 machos reproductores por un valor de $171 millones; más asistencia técnica por $261 millones.
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Es importante destacar que el pasado 25 de mayo, en el marco de la Gira Caribe, se hizo una entrega parcial de este proyecto, como parte de la cofinanciación de la ADR.
Por otra parte, en San Juan del Cesar, con una inversión total de $2.112 millones, se fortalecerán las capacidades técnicas, productivas, asociativas y de comercialización de los productores de maíz del municipio. Allí se entregará semilla de maíz híbrido, Bacillus Thuringiensis, Insecticida, herbicida, cal, enmienda orgánica, Cipermetrina, urea; tractor, rastra de disco, arado de cincel, cosechadora de forraje, sembradora.
Comercialización estratégica
La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) impulsó ruedas de negocios en las que se firmaron acuerdos por más de $1.000 millones, y mercados campesinos que suman más de $90 millones en ventas. A su vez, destinó aproximadamente $8.900 millones en la compra de productos a pequeños agricultores para elaborar Raciones Familiares Para Preparar (RFPP), y de esta manera contribuir a la seguridad alimentaria de 2.680 familias de 77 comunidades Wayuú.
Seguridad alimentaria y crecimiento sostenible
En Adecuación de Tierras, la ADR ha invertido $700 millones de pesos en un proyecto de Rehabilitación del Distrito de Riego del municipio de El Molino (La Guajira). Por otro lado, en Extensión Agropecuaria, se han destinado más de $6.130 millones para ofrecer un acompañamiento integral a los productores de toda la región, abarcando desde diagnósticos y recomendaciones hasta capacitación, transferencia de conocimientos y asistencia directa. Este esfuerzo impulsa el desarrollo rural integral y salvaguarda los derechos fundamentales de las comunidades étnicas en el territorio.
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Las iniciativas de la ADR en La Guajira, fortalecen la capacidad productiva de los pequeños productores y productoras, facilitan el acceso a recursos y fortalecen la inclusión socioeconómica de las poblaciones indigenas. De esta manera, el Gobierno promueve la igualdad de oportunidades, garantiza la seguridad humana y la justicia social de comunidades que han tenido una presencia limitada en las políticas estatales.