La mayor preocupación de los gremios que hacen beneficio de animales es la garantía en inocuidad y salubridad de la carne en las plantas de beneficio
El Ministerio de Salud expidió el Decreto 2016 de 2023, el cual reglamenta el funcionamiento de las plantas de beneficio animal o mataderos municipales de categoría de autoconsumo en municipios de categoría cinco o seis que, en palabras de Álvaro Urrea, presidente de la Asofricol, cambia las reglas de juego.
Esta norma modifica los Decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012, y señala que “las plantas de beneficio de categoría autoconsumo deben ser autorizadas por el Invima y ajustarse al plan de racionalización para abastecer la carne y productos cárnicos comestibles al municipio en el cual se encuentra ubicada”.
Según el Ministerio de Agricultura, el plan de racionalización proyecta 148 plantas de categoría nacional, pero hoy solo hay 94 en funcionamiento. Además, plantea 234 plantas de autoconsumo, de las cuales solo hay 89 en funcionamiento. De ese total, 69 realizan proceso de beneficio de animales de la especie bovina, cuatro de porcinos y 16 de ambas especies. El Invima también informó que, de acuerdo con las bases de datos habilitadas, hay 209 plantas de beneficio de autoconsumo inscritas.
La entidad informó que, desde 2007 y con corte a julio de 2023, 125 plantas de beneficio de categoría autoconsumo que se encuentran incluidas en los planes de racionalización de plantas de beneficio animal se han cerrado.
“No se trata precisamente de construir nuevos mataderos, que costarían entre $4.000 y $5.000 millones, dependiendo de diferentes escenarios, sino de reabrir algunos que fueron cerrados por el uso del suelo, que el terreno no era el municipio, entre otras razones”, explicó Urrea.
El dirigente gremial aclaró que, aunque no se puede determinar el valor de cada reapertura, puede rondar entre $2.000 y $3.000 millones, lo que depende de la condición y del estado de cada planta. “Lo que sí es claro es que en el plan de racionalización que se hizo entre 2008 y 2011 quedaron más o menos seleccionados 492 municipios”.
“Nosotros consideramos que la hipótesis que plantea el Gobierno deben revaluarla, porque nuestro análisis muestra que reduciendo el transporte, no bajaría mucho el precio de la carne. Es una ecuación que no se ajusta, ya que viene a representar más o menos entre 1,3% y 1,5% del valor de la venta de la carne entre finas y segundas. Eso no va a ser significativo para el consumidor final si hoy está pagando un promedio de $30.000 por kilo, equivalente entre $300 o $450”, explicó Urrea.
Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, aseguró que con la reglamentación “contribuimos a la agregación de valor de la cadena cárnica en las regiones. Sobre todo los municipios más apartados de Colombia podrán tener acceso a carne de calidad sanitaria”.
Jeffrey Fajardo, presidente de Porkcolombia, señaló que ven con buenos ojos la aplicación del nuevo decreto, “en el sentido que va a permitir la disposición de beneficio formal en varios municipios que hoy no cuentan con plantas de beneficio municipal o de carácter departamental, que puedan suplir con estándares de inocuidad y calidad suficientes el aprovisionamiento de carne de cerdo para esos consumidores de forma local”.
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, dijo que “el Gobierno cree interpretar las necesidades de ciertos sectores populares de lugares apartados creyendo que con flexibilizar las medidas en materia de mataderos municipales van a poder tener carne a buenos precios”.
Ambos dirigentes gremiales coinciden en la necesidad de que se cumpla de manera estricta la nueva norma para que los mataderos que habían cerrado por no cumplir las normas, no vuelvan a abrir.
