Glencore, BHP y Anglo American, las multinacionales detrás de la mina de carbón a cielo abierto de La Guajira fueron denunciadas porque, con la operación de Cerrejón, estarían infringiendo lineamientos de la OCDE.
En 1992, el año siguiente a la fundación de la Corte Constitucional, el alto tribunal se pronunció por primera vez sobre los impactos en el medioambiente y en los derechos fundamentales que deja la operación del Cerrejón, mina de carbón a cielo abierto, ubicada en La Guajira. En los casi 20 años que han pasado desde entonces, y porque nada pareciera cambiar, todas las altas cortes de Colombia, varias instancias de la ONU y del sistema interamericano de derechos humanos han documentado la grave situación que viven las comunidades wayúu cercanas al yacimiento. Una nueva acción contra la minera le apunta a una instancia distinta: la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuenta con directrices para las empresas multinacionales que se benefician de los acuerdos comerciales entre los países miembros. Para denunciar una falta a estos parámetros, cada Estado cuenta con un Punto de Contacto, que debe investigar y, si ha lugar, darle algunas órdenes a la compañía. Y eso es lo que ocurrió con Cerrejón: sus dueños, los gigantes de la minería BHP, Glencore y Anglo American, fueron denunciados respectivamente en Australia, Suiza y el Reino Unido, porque, al parecer, no han cumplido los estándares de derechos humanos a los que se comprometieron.
La oenegé internacional Global Legal Action Network, junto al Cinep y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otras organizaciones, llevaron tres argumentos concretos a la OCDE. En primer lugar, que BHP, Glencore y Anglo American, reunidas en Cerrejón,“no han contribuido al progreso ambiental”, pues uno de los compromisos de estas multinacionales es caminar hacia el desarrollo sostenible. “En cambio, (Cerrejón) ha causado graves impactos ambientales adversos”, agrega el documento de 68 páginas, conocido por El Espectador, que cita como evidencia las sentencias judiciales que le han ordenado cambios concretos a la mina, los cuales no han llevado a cabo.
(Via @EspectadorBlogs).
