En el 2022, las autoridades ambientales reportaron la destrucción de 123.517 hectáreas, unos 1.235,2 kilómetros cuadrados
La deforestación en Colombia cayó un 36% interanual en 2023 a 79.256 hectáreas, unos 792,5 kilómetros cuadrados, alcanzando su nivel más bajo en 23 años, impulsada por la disminución de la destrucción de bosques en la región amazónica del país, informó el lunes el Gobierno.
En el 2022, las autoridades ambientales reportaron la destrucción de 123.517 hectáreas, unos 1.235,2 kilómetros cuadrados.
«Es una muy buena noticia, pero definitivamente no podemos decir que la batalla está ganada, seguimos enfrentando las economías ilícitas», dijo en una conferencia de prensa la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
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Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, con miles de especies de plantas y animales que viven en sus ecosistemas. Sin embargo, al igual que el resto de la región, pierde cada año grandes extensiones de bosque a causa de la deforestación.
El Gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro afirma que está dando prioridad a la protección del medio ambiente colombiano y desde que asumió el poder en el 2022 pidió a los países ricos que condonen la deuda externa a cambio de conservar zonas como la Amazonia, cuya destrucción, según los científicos, puede agravar el cambio climático global.
La ministra Muhamad destacó una reducción de la deforestación en la región amazónica de Colombia en el 2023, donde históricamente cientos de hectáreas son destruidas para la siembra de cultivos de uso ilícito como la hoja de coca, para actividades de ganadería, extracción ilegal de minerales y de madera, así como la construcción de carreteras no planificadas,
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Colombia acogerá la cumbre sobre biodiversidad de la ONU COP16 en la ciudad de Cali a finales de este año.
Ocho fuentes dijeron a Reuters en mayo que las medidas del Gobierno para hacer frente a las carreteras ilegales en la región amazónica de Colombia, donde se produce la mayor parte de la deforestación del país, se estancaron, mientras que el procurador delegado para asuntos ambientales, Gustavo Guerrero, dijo que el retraso equivalía a una «evidente falla».
